La demanda presentada en Estados Unidos se basa en la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías que se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano. En este caso, se busca una compensación por más de 267 millones de dólares atribuidos a la explotación de bienes propiedad de la Unión Eléctrica de Cuba. La empresa canadiense Sherritt ha sido implicada debido a sus operaciones y asociaciones en suelo cubano, lo que podría complicar sus relaciones comerciales y legales. Esta acción legal resalta la persistencia de litigios internacionales relacionados con la expropiación de propiedades en Cuba desde las primeras décadas del régimen, y pone de nuevo en el centro del debate las relaciones empresariales extranjeras con Cuba.
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