El debate sobre la colaboración de la policía local con ICE en Miami ha cobrado fuerza nuevamente. Recientemente, activistas de derechos de inmigrantes se congregaron para exigir la anulación del acuerdo 287(g) que permite la colaboración entre los oficiales de policía de Miami y ICE en operaciones de deportación. Los activistas alegan que estas acciones de ICE se han convertido en verdaderas «cazas de brujas». Durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Miami, se destacó que actualmente solo dos oficiales de policía apoyan a ICE, pero para los manifestantes, ya es demasiado.
Uno de los principales puntos de discusión en este encuentro fue el fin de la protección de TPS (Estatus de Protección Temporal) para ciudadanos haitianos y venezolanos, comunidades que, según los activistas, están bajo un estrés inmenso debido al clima de incertidumbre que ICE genera. Laura Munoz de Florida Student Power y Candice Mondesir de la Cámara de Comercio Haitiana Americana expresaron que las familias están experimentando un miedo y ansiedad constante, al estar en un «limbo legal».
En ese contexto, en una reunión reciente de los comisionados de la ciudad, el comisionado Rolando Escalona compartió la preocupación por su esposa, residente legal temerosa de ser deportada. La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, quien durante su campaña se opuso al acuerdo 287(g), reiteró su posición agradeciendo la apertura del debate y mostrando interés en recibir un proyecto legislativo que revierta el polémico convenio.
Por su parte, el jefe de policía de Miami, Edwin López, aseguró que los oficiales no han participado en arrestos de personas no buscadas por cargos criminales. Sin embargo, el líder de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Thomas Kennedy, criticó a ICE por enfocarse en personas comunes y no en los criminales serios, como inicialmente se prometió, fomentando con esto el miedo en la comunidad.
El enfoque editorial de 90IA News favorece los intereses democráticos y los derechos humanos, apoyando la petición de los activistas para revisar y posiblemente anular el acuerdo que vincula a Miami con ICE, siempre que no se comprometan la seguridad y los principios legales.
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