El Departamento de Justicia, bajo la dirección del Fiscal General Todd Blanche, enfrenta desafíos legales al intentar obtener acceso a los padrones electorales de varios estados. Estas acciones derivan de una orden ejecutiva del presidente Trump que busca identificar posibles deficiencias o anomalías en el registro electoral, incluyendo la inscripción de no ciudadanos. Hasta la fecha, la justicia federal ha fallado en contra del gobierno en 22 casos, donde se busca el acceso a datos como nombres, fechas de nacimiento, direcciones y otros datos personales de los votantes.
A pesar de que algunos estados han cumplido voluntariamente con la solicitud del gobierno, otros 30 estados, junto con Washington, D.C., han sido demandados por su negativa a proporcionar sus registros. El control de los padrones ha sido históricamente una prerrogativa estatal, y estados gobernados por republicanos como Idaho, Nevada, Utah, Georgia y Vermont, han expresado su oposición a las demandas federales.
La controversia también se extiende al Senado, donde la reciente confirmación de Blanche como Fiscal General fue objeto de escrutinio debido a su cercana relación con el presidente Trump y su trayectoria como abogado personal de Trump. Aunque Blanche asegura actuar con integridad, figuras como el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, han cuestionado la independencia del Departamento de Justicia bajo su liderazgo.
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