La Corte Suprema de los Estados Unidos concedió el martes una solicitud de emergencia del gobierno de Trump para permitir la deportación de inmigrantes a «terceros países» sin que tengan lazos con esos territorios, bloqueando temporalmente una orden de un tribunal de apelaciones que había considerado ilegal dicho procedimiento por no ofrecer a los afectados una oportunidad adecuada para presentar preocupaciones sobre su seguridad. La decisión, sustentada por la mayoría conservadora con las disidencias de los tres jueces liberales, mantiene la política vigente mientras la corte se prepara para escuchar argumentos orales en diciembre y emitir un fallo definitivo sobre las cuestiones legales planteadas en el litigio.
El caso enfrenta un profundo debate sobre los derechos de los inmigrantes y la soberanía nacional. El principal demandante, identificado solo como D.V.D. en los expedientes judiciales, es de origen cubano y sufre una enfermedad mental grave; sus abogados argumentan que temer ser enviado a un lugar donde no podrá recibir el tratamiento psiquiátrico que necesita. Los solicitantes sostienen que las leyes federales prohíben la deportación a países donde una persona podría enfrentar tortura o persecución, exigiendo una «oportunidad significativa» para demostrar estos riesgos antes de ser expulsado.
El gobierno de Trump ha defendido su política argumentando que los acuerdos con los terceros países eliminan la necesidad de una evaluación individualizada, asegurando que las naciones involucradas han garantizado que no se maltratará a los deportados. El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, celebró la decisión de la corte, afirmando que «no es tarde para que criminales ilegales y activistas de fronteras abiertas reciban 3.000 dólares y un vuelo de regreso». Por su parte, el procurador general D. John Sauer argumentó en los tribunales que mantener las deportaciones suspendidas creaba «problemas logísticos sustanciales», añadía gastos innecesarios y dificultaba la remoción de «criminales peligrosos».
Según datos del Migration Policy Institute, unas 15.000 personas fueron deportadas a terceros países en 2025, con la mayor parte de los casos dirigidos a México, aunque también se han enviado personas a Sudán del Sur, Suazilandia y Ruanda. Las organizaciones de defensa de los inmigrantes denuncian que quienes han sido deportados a estos terceros países han sufrido abusos, incluyendo detención indefinida y agresiones físicas y sexuales, lo cual los abogados de los demandantes han presentado como evidencia de la falta de garantías de seguridad en estos acuerdos bilaterales.
Esta resolución de la Corte Suprema se enmarca en el endurecimiento del enfoque migratorio de la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025. Al desestimar el fallo de los tribunales inferiores, la máxima corte judicial de EE.UU. otorga al ejecutivo mayor libertad para ejecutar operaciones de deportación masiva que eluden los procesos de asilo tradicionales. Para la comunidad hispana, y en especial para los cubanos, el precedente es alarmante: un ciudadano cubano que huye de la dictadura cubana y que llega a EE.UU. puede ser enviado a un país como Sudán del Sur o Ruanda, donde la falta de vínculos y el aislamiento jurídico podrían exponerlo a peores condiciones que la represión estatal del régimen cubano, sin que las garantías de su país de origen le sean debidamente consideradas.
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