El tribunal de primera instancia en La Habana emitió este jueves un veredicto que condena a la joven creadora digital Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en las plataformas sociales como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente, a dos años de libertad restringida por haber difundido en Instagram y otras redes el video de una visita de funcionarios del Ministerio del Interior (MININT). La decisión judicial, basada en el Artículo 393 del Código Penal cubano que protege la intimidad personal y familiar, consolida una herramienta legal que el régimen utiliza sistemáticamente para criminalizar la documentación de actos de coerción por parte de los órganos de seguridad.
El incidente que originó el juicio ocurrió el 10 de marzo de 2026, cuando el cabo primero Yoel Leodán Rabaza Ramos, vestido con ropa civil, se presentó en el edificio donde residen la madre y la hija para notificarles una citación en el Departamento de Seguridad del Estado (C-3). Ante el proceder irregular de un oficial encubierto, las dos mujeres grabaron la escena para dejar constancia de su identidad y acciones, una práctica común de defensa civil que la dictadura cubana ha trasformado en un delito de lesa privacidad.
Un juicio amedrentador tras puertas cerradas
El día de la lectura de la sentencia, el perímetro alrededor del tribunal y el domicilio de las acusadas estuvo saturado de agentes policiales y oficiales de contrainteligencia. A pesar del cerco militar, un grupo de ciudadanos y representantes de comunidades religiosas intentaron brindar apoyo moral a las mujeres, aunque enfrentaron obstáculos para ingresar a la sala. La hermana de Anna Bensi, Elmis Rivero, denunció que de los tres testigos de la defensa, solo fue admitido uno, mientras que el juez, Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal del Poder Popular de La Habana del Este, procedió a celebrar el juicio a puertas cerradas.
Antes de ingresar a la sala, Bensi pronunció una frase que rápidamente se viralizó como un símbolo de resistencia frente a la injusticia: «El juicio no va a ser justo, pero yo tengo un Dios justo». En ese momento, también pidió la libertad de los presos políticos cubanos y abogó por una transición democrática en la isla.
De la comedia a la disidencia digital
Anna Bensi, de 21 años, era reconocida por su contenido ligero y humorístico sobre la vida cotidiana en el barrio de Alamar, en La Habana. Sin embargo, en 2025 su narrativa cambió drásticamente tras documentar las dificultades burocráticas para acreditar sus títulos técnicos como protésica dental. Aprovechando su creciente audiencia, comenzó a exponer las carencias estructurales del país: apagones prolongados, salarios de miseria, escasez crónica de alimentos y la represión sistemática contra el sector privado.
Su activismo no ha pasado desapercibido. En el pasado, Bensi ha relatado interrupciones deliberadas de internet, vigilancia constante en su vecindario y presiones laborales que la obligaron a abandonar su empleo anterior tras llamadas intimidatorias de funcionarios del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En julio del año pasado, la disidente fue retenida en una comisaría durante casi 12 horas, siendo interrogada agresivamente sobre su contenido en redes y las sanciones de Estados Unidos al régimen.
Un precedente para la vigilancia estatal
El Ministerio del Interior defendió ante el tribunal que, aunque grabar a un funcionario no constituye un delito por sí mismo, la difusión del material sin consentimiento vulnera su derecho a la imagen. Esta interpretación legal ha sido rechazada por defensores de derechos humanos y abogados independientes de Cubalex, quienes sostienen que exponer el accionar de la policía en actos de presión política debe considerarse ejercicio legítimo de vigilancia ciudadana y libertad de expresión. El caso de Anna Bensi marca un hito peligroso: establecerá un precedente que legitime la criminalización de cualquier cubano que utilice su teléfono para documentar abusos de los cuerpos de seguridad del estado.
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