La administración del presidente Donald Trump ha reconocido oficialmente que el régimen cubano ha desviado combustible importado por el sector privado hacia entidades vinculadas al aparato estatal. Esta admisión surge tras la confiscación, el pasado 7 de octubre, de 90 cargamentos de biodiésel por parte del Departamento de Seguridad Nacional, con un valor estimado de 2,8 millones de dólares. Los productos, dirigidos a Enetec (empresa estatal incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC), fueron interceptados en Port Everglades, Florida, y en Houston, Texas.
En una declaración enviada al periodista David Adams, un portavoz del Departamento de Estado subrayó que la política de sanciones de Washington ha logrado «romper el monopolio del régimen sobre el combustible». No obstante, el funcionario admitió que «no podemos descartar cierto desvío hacia figuras o entidades vinculadas al régimen», aunque reafirmó el compromiso de reprimir cualquier esfuerzo de evasión que involucre a empresas que suministren al régimen a sabiendas.
Esta noticia confirma lo que 14ymedio venía documentando desde abril de este año. Tras la suspensión del suministro de petróleo gratuito por parte de Venezuela, la administración Trump permitió la exportación de combustible a empresarios privados cubanos con el fin de dinamizar la economía. Sin embargo, las investigaciones periodísticas revelaron que la plataforma Ticket, gestionada por Cimex (corporación del conglomerado militar GAESA, sancionado por OFAC), estaba vendiendo gasolina y diésel a través de gasolineras estatales alquiladas a MIPYMEs. Esto permitió que empresas estatales como Sepsa y Transmed se abastecieran en bombas que la normativa estadounidense prohíbe explícitamente.
El vínculo entre el combustible privado y el régimen se ha hecho cada vez más evidente. En septiembre, se documentó que la gasolinera «El Eficiente», ubicada a una cuadra de Villa Marista, surtía a camiones de las brigadas especiales del Ministerio del Interior y a vehículos de la Seguridad del Estado. Además, una investigación de ADN Cuba y Martí Noticias confirmó que Cimex compra combustible a múltiples proveedores privados y lo revende en su red de servicentros, abasteciendo también al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
A pesar de que entre enero y agosto de 2026 las exportaciones de productos derivados del petróleo desde EE. UU. a Cuba alcanzaron los 231,74 millones de dólares, cifras sin precedentes, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, declaró públicamente que dicha cantidad no cubre ni el 3% de las necesidades del país. Esta contradicción entre las cifras oficiales y la realidad logística expone la incapacidad del régimen para garantizar el suministro básico a su población, aun cuando el comercio con el exterior se mantiene activo.
### Una «privatización» con control estatal
El Departamento de Estado celebra que esta medida haya provocado la «mayor privatización de la historia de la economía cubana», argumentando que el régimen ahora depende del «subterfugio y la ilegalidad» para conseguir combustible, en lugar de controlar el mercado. Sin embargo, la realidad sobre el terreno demuestra que el aparato estatal sigue siendo el principal beneficiario indirecto de este flujo comercial. La compra masiva de combustible por parte de Cimex, bajo la apariencia de intermediarios privados, permite al régimen mantener operativas sus estructuras de seguridad y su red de servicios públicos colapsados.
La administración de Trump mantiene su objetivo de «apuntar a cualquier empresa que suministre al régimen a sabiendas» y de bloquear las fuentes de ingresos ilegítimas. No obstante, la complejidad de la red de distribución que ha creado el régimen cubano, donde las empresas estatales se ocultan tras fachadas privadas, sigue planteando un desafío significativo para la efectiva aplicación de las sanciones. Mientras tanto, la población cubana sigue afectada por la escasez crónica y la falta de seguridad jurídica en el suministro de energía.
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