La organización desmantelada por las autoridades estadounidenses en septiembre de 2025 operaba con una estructura empresarial encubierta. Sus miembros utilizaban redes sociales para reclutar clientes, ofreciendo paquetes que incluían vuelos, permisos de viaje y trámites migratorios con cargos que alcanzaban los 40.000 dólares por persona. El dinero se movía a través de empresas de fachada, cuentas bancarias y aplicaciones de pago, generando un tráfico de dinero que el Departamento de Justicia estima superó los 22 millones de dólares.
La estrategia de la red consistía en pasar a los solicitantes cubanos por viajeros europeos para eludir las restricciones. Utilizaban el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) obtenido con información falsa, declarando que los migrantes no habían estado en Cuba desde 2011. Una vez en territorio estadounidense, muchos acudían a la empresa Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con sede en Tampa, para presentar solicitudes de asilo basadas en historias inventadas. En varios casos, los clientes no podían revisar sus solicitudes antes de su envío ni acceder a sus propias cuentas migratorias.
La pena más severa, cuatro años de prisión, recayó sobre Liannys Yaiselys Vega Pérez, de 27 años, quien dirigía a empleados encargados de preparar la documentación fraudulenta sin ser abogada ni representante acreditada. Layra Libertad Treto Santos recibió 30 meses de encarcelamiento. Miguel Martínez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona Marrero, Walbis Pozo Dutel y Emanuel Martínez González fueron sentenciados a dos años cada uno. El tribunal ordenó el decomiso de activos por un total de casi 3 millones de dólares, distribuidos entre los principales involucrados.
Entre los casos documentados se encuentra el de una menor cubana cuya viaje fue organizado desde La Habana hasta Miami mediante una autorización ESTA fraudulenta. También se registró el caso de una mujer que, tras pagar 40.000 dólares a Frandy Aragón Díaz, una de las figuras clave que aún permanece prófuga, fue obligada a trabajar para saldar la deuda. Aragón Díaz y otros dos implicados, Yuniel Lima Santos y Gisleivy Peralta Consuegra, están en diferentes etapas procesales; Lima Santos ya fue condenado por tráfico de migrantes y lavado de dinero, admitiendo haber trasladado a mujeres que terminaron trabajando en clubes de estriptis para pagar sus viajes.
Esta condena se suma a un esfuerzo continuo de las autoridades federales contra las redes que explotan la migración cubana. La justicia estadounidense ha procesado previamente casos similares, como el de Víctor Rafael Arcia Albeja, condenado por retener y golpear a migrantes para exigir pagos a sus familias, y el de Juan Manuel Sifontes Sinales, deportado tras cumplir su condena por el transporte ilegal de migrantes.
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