La denunciante, Alejandra García, reveló que el contacto con los agentes del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado se produjo inmediatamente después de su visita al centro penitenciario Kilo 7, ubicado en la provincia de Camagüey. Según su relato, los funcionarios no solo la cuestionaron sobre el contenido de la conversación con su esposo, sino que también le lanzaron advertencias veladas contra la posibilidad de realizar más visitas o de buscar apoyo legal en el extranjero. García, quien mantiene su firmeza en el respaldo a Constantín, calificó la interacción como un intento claro del sistema para asfixiar a las familias de los presos políticos e intimidar a quienes se atreven a confrontar la realidad carcelaria.
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