El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el miércoles la imposición de sanciones contra diez individuos y entidades vinculadas al crimen organizado venezolano Tren de Aragua. La medida se centra en una red financiera acusada de utilizar software malicioso para vaciar cajeros automáticos de bancos en Estados Unidos, Venezuela, Brasil y otros países, con un daño estimado en más de 40 millones de dólares.
El ataque, que se extendió durante un periodo prolongado, involucró la instalación de dispositivos de «skimming» y malware en terminales ATM. La investigación reveló que la estructura operativa estaba dirigida por miembros clave de la banda, que utilizaban estas ganancias para financiar sus actividades delictivas y su expansión territorial. Entre los sancionados figuran figuras como Carlos Alberto Díaz Hernández, conocido como «Carlos Guayacán», y su hermano Edwin Díaz Hernández, así como la empresa de fachada 24/7 ATM Services.
La decisión del gobierno de Estados Unidos subraya la prioridad de combatir la infiltración de pandillas internacionales en la economía financiera del país. El Tesoro destacó que estas sanciones no solo congelan los activos de los implicados bajo la jurisdicción estadounidense, sino que también prohiben a las empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. Esta acción se enmarca en el esfuerzo continuo de las autoridades federales para desglosar las redes de narcotráfico y crimen organizado que operan desde el exterior, con especial atención a la comunidad hispana en regiones como Florida.
El crimen cibernético asociado con grupos como Tren de Aragua representa una amenaza creciente para la seguridad financiera. La colaboración entre agencias federales, incluyendo el FBI y el Departamento de Justicia, ha sido clave para desarticular estas operaciones. Las sanciones buscan no solo castigar a los responsables directos del robo, sino también desincentivar la infraestructura financiera que permitía el lavado de dinero y la redistribución de los fondos sustraidos a las redes criminales.
Esta medida se suma a un conjunto de acciones previas contra miembros de la banda, reflejando la intensidad de la campaña de Estados Unidos para erradicar la presencia de estos grupos en suelo americano. La comunidad latinoamericana en Florida, particularmente aquella vinculada a remesas y servicios financieros, se beneficia de un entorno más seguro al reducirse la capacidad de las organizaciones criminales para operar con impunidad en el sector bancario.
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