El informe sobre la trata de personas 2026, publicado este jueves por el Departamento de Estado de Estados Unidos, dedica un capítulo específico a Cuba para documentar la persistencia del régimen cubano en el uso de la mano de obra civil como herramienta de política exterior y financiamiento estatal. El reporte reconoce un descenso significativo en el número de profesionales exportados, una reducción que atribuye a la mayor actividad diplomática y a las restricciones de visado implementadas por la administración del presidente Trump desde su toma de posesión a principios de 2025.
Según los datos oficiales de Washington, la cifra de trabajadores cubanos en el exterior descendió de los 24.000 registrados al inicio del mandato actual a un rango estimado entre 15.000 y 18.000 en 2026. A pesar de esta merma, la dictadura cubana continúa desplegando profesionales en 53 países, aunque el número de naciones que mantienen acuerdos bilaterales ha disminuido. El reporte señala la retirada de cuatro países anónimos en 2025, sumándose a Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana y San Vicente y las Granadinas, quienes han roto sus convenios con La Habana. Por otro lado, regiones como Calabria (Italia), Uruguay y Jamaica han optado por reformar los acuerdos para contratar directamente a los especialistas, aunque el informe advierte que esto no elimina la coercición estructural.
Confiscación salarial y control coercitivo
El documento es tajante al describir la naturaleza del programa de exportación laboral del régimen cubano: una «política o patrón gubernamental» de trabajo forzoso. Los profesionales de la salud representan el 75% de esta fuerza laboral exportada, constituyendo una fuente vital de divisas para el aparato estatal. El reporte detalla que la dictadura cubana se apropia de entre el 50% y el 95% de los salarios de los médicos, dejando a los trabajadores con una remuneración exigua e inferior a la de colegas que realizan funciones similares en otros países.
Esta confiscación de salarios, descrita como «casi universal» en el informe, otorga al régimen un control coercitivo continuo sobre los profesionales, quienes carecen de recursos económicos para modificar su situación laboral. El texto denuncia además que los gobiernos de los países receptores suelen ejercer una supervisión mínima sobre las condiciones, delegando la responsabilidad en las instituciones cubanas como la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos o la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), entidades ya sancionadas por la administración Trump mediante orden ejecutiva el 1 de mayo de 2026.
Restricciones de libertad y abusos documentados
El reporte de EE.UU. recopila testimonios de «supervivientes» que relatan un sistema de control basado en la confiscación de pasaportes, toques de queda, vigilancia constante y el riesgo de exilio arbitrario ante la menor discrepancia. Entre las denuncias más graves se incluyen prácticas de reclutamiento engañosas, intimidación, amenazas y la coerción para incurrir en actividades delictivas, como la falsificación de historiales médicos para justificar registros clínicos.
A pesar de los avances en la persecución de delitos de trata que afectan a menores, el Departamento de Estado concluye que las autoridades cubanas no han adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso de adultos. El reporte señala que no se han investigado ni procesado casos de explotación laboral de especialistas en el exterior, y que los funcionarios del régimen continúan gestionando activamente estos programas. En consecuencia, Estados Unidos mantiene a Cuba en el «nivel 3» de su clasificación sobre trata de personas, el escalafón más bajo, indicando que el régimen no cumple con los estándares mínimos de eliminación de la trata.
El informe subraya la necesidad crítica de que La Habana ponga fin a las prácticas coercitivas de reclutamiento y modifique los contratos internacionales para garantizar el respeto a los derechos laborales fundamentales. Mientras la diplomacia estadounidense logra reducir la exposición de los cubanos a este modelo extractivo, la estructura interna del régimen sigue dependiendo de la explotación de sus profesionales para sostener su funcionamiento económico y político.
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