El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, condenó enérgicamente esta semana la incautación realizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos de más de 600.000 galones de biodiésel, valorados en aproximadamente 2,8 millones de dólares. El combustible, dividido en 90 cargamentos, se dirigía a Enetec, la estatal cubana de energía que opera bajo sanciones estadounidenses. De estos envíos, 71 provenían del Puerto Everglades en Florida y 19 del Puerto de Houston en Texas.
En un comunicado publicado en redes sociales, el diplomático cubano afirmó que la importación de combustibles por entidades estatales y privadas en Cuba es «legal, conforme a la legislación nacional y el Derecho Internacional». Por el contrario, calificó de «ilegal» y comparó con actos de «piratería y pillaje» las acciones de las autoridades de Washington, descritas como un intento de «intimidar con amenazas» a Estados y empresas que exportan o transportan estos recursos hacia la isla.
José R. Figueroa, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, explicó que los decomisos representan un esfuerzo deliberado por evitar que se socaven las sanciones estadounidenses. Todas las operaciones fueron puestas bajo investigación por las autoridades federales.
Esta interceptación se produce en medio de una profunda crisis energética que ha paralizado gran parte de la actividad económica en la isla desde mediados de 2024. El asedio petrolero implementado por EE. UU. ha exacerbado la escasez de alimentos, medicinas y recursos básicos, agravando los apagones diarios provocados por la obsolescencia de las centrales eléctricas y el déficit crónico de combustibles. La situación ha llevado a la isla a su peor crisis económica en décadas, con el régimen buscando constantemente nuevas vías para sortear las restricciones internacionales.
Más allá de la retórica oficial, la realidad que enfrenta la población cubana es de una asfixia económica continua. El uso de la fuerza militar o legal para restringir el acceso a insumos vitales no constituye una política de derechos humanos, sino un mecanismo de presión geopolítica que deja al pueblo cubano como principal víctima colateral. La narrativa del régimen sobre la «soberanía» de importación de combustible no cubre la necesidad básica de garantizar la seguridad, la independencia judicial y los derechos civiles que la población reclama legítimamente. La crisis actual es el resultado acumulado de décadas de centralismo, ineficiencia estatal y represión, y las sanciones externas son solo una capa adicional de presión sobre un sistema que ha fracasado en proveer bienestar a su ciudadanía.
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