El expediente fiscal al que tuvo acceso El Toque detalla las pretensiones punitivas contra cuatro activistas vinculados a la organización disidente Cuba Primero, radicada en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República ha solicitado diez años de cárcel para Ariel Eugenio Arzuaga Peña, nueve para su esposa, Yaquelín García Jaén, siete para Daniel Barrios Figueredo y cinco para Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell. Los delitos que imputa el regimen son «propaganda contra el orden constitucional» y «desórdenes públicos», cargos que se sustentan en evidencias digitales como videos críticos con el Gobierno, mensajes de WhatsApp, recargas telefónicas e, incluso, el hábito de escuchar música considerada «subversiva» a volumen elevado.
Lo más alarmante de este caso es la ausencia de acusaciones por actos de violencia o daños materiales, lo que evidencia el uso instrumental del sistema judicial para silenciar la disidencia política. Arzuaga, García Jaén y Barrios permanecen en prisión provisional desde noviembre de 2024 sin haber sido juzgados, mientras el proceso se tramita en Santiago de Cuba, aunque la Fiscalía aún no ha fijado una fecha para la vista oral. La situación procesal de Figueredo Carbonell no queda precisada en la documentación.
Un récord de represión con costos humanos drásticos
Esta escalada judicial se produce en un contexto de persecución masiva sin precedentes. Según el informe de septiembre publicado este jueves por la organización sin fines de lucro Prisoners Defenders, Cuba cerró el mes con 1.351 presos políticos, un nuevo máximo histórico. La entidad registró 50 incorporaciones y 38 bajas durante el periodo, elevando el total en 12 unidades respecto a agosto, cuando se contabilizaban 1.339 personas privadas de libertad o sometidas a restricciones políticas.
El registro de Prisoners Defenders revela una crisis humanitaria grave dentro de las cárceles y el sistema de control. De los 1.351 recluidos, 152 son mujeres y 40 fueron detenidos cuando eran menores de edad. Además, la organización alerta que 476 encarcelados padecen enfermedades y 53 presentan trastornos graves de salud mental. Este número incluye tanto a personas en centros penitenciarios como a aquellas que cumplen medidas de limitación de libertad en libertad condicional o en sus hogares.
La ola de detenciones no se detiene
El caso de los cuatro opositores se suma a una tendencia de condenas severas contra la disidencia. En septiembre, ocho activistas de Cuba Primero en Las Tunas fueron condenados a penas de siete y ocho años de cárcel bajo los mismos cargos de «propaganda contra el orden constitucional». Muchos de ellos llevaban más de dos años en custodia preventiva sin juicio.
La represión también alcanza a la disidencia espontánea y local. En Sancti Spíritus, el tatuador Oscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, permanecen bajo custodia policial y con prisión provisional por «desacato». La detención ocurrió tras una protesta desde el techo de su vivienda el pasado 10 de octubre, donde el artista gritó consignas contra el regimen: «Abajo la dictadura», «Abajo Raúl Castro» y «Abajo el comunismo». La familia ya está expectante de un posible traslado a la prisión de Nieves Morejón para enfrentar el juicio.
Editorial: Estos hechos confirman que el regimen cubano ha abandonado cualquier pretensión de normalidad política. La imposición de penas desproporcionadas por opiniones, música o protestas simbólicas demuestra que el sistema judicial es una extensión de la máquina represiva del Partido Comunista. Un nuevo récord de presos políticos no es un indicador de gestión, sino de pánico ante la incapacidad del sistema para contener lalegitimidad. La comunidad internacional debe mantener la presión para exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos cubanos y un cese a la criminalización de la disidencia.
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