Desde la localidad de Placetas, en la provincia de Villa Clara, los activistas Pedro Pérez Paseiro y Ariel Hernández García han documentado una creciente presión ejercida por las autoridades locales para que acepten su salida voluntaria o forzada de Cuba. Ambos cumplen penas privativas de libertad —ocho años para el primero y siete para el segundo— tras ser condenados por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las principales protestas antirregimen de los últimos tiempos en la isla.
Según las denuncias recogidas por fuentes de derechos humanos, el régimen cubano ha intensificado estas maniobras para obligar a los presos políticos a firmar documentos de expulsión o a abandonar el territorio bajo amenaza de peores condiciones carcelarias. Esta estrategia busca deshacerse de los disidentes y silenciar las voces críticas que aún resisten desde las celdas, sin importar las consecuencias humanitarias o el impacto en sus familias.
Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de salida de los activistas ni el país de destino de su supuesta deportación. Sin embargo, la tendencia del régimen hacia el exilio forzado de opositores ha sido recurrente en los últimos años, convirtiendo la salida obligatoria de Cuba en un castigo adicional que busca fragmentar el tejido social y familiar de la disidencia organizada.
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